El ‘caso Ganga’, en el que se investiga un posible caso de corrupción en el Gobierno de Sara Hernández, apunta hacia ‘arriba’, con lo que ahora se debe esclarecer si en la cúspide se sitúa la alcaldesa, la concejal Mónica Cerdá, el gerente de GISA o todos ellos.
Es lo que se desprende de la declaración ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Getafe de la abogada M.R.V, que fue citada como testigo para aportar luz sobre el caso. Ella fue la letrada a la que en su día se le encomendó la tarea de defender los intereses de GISA en el despido del abogado Alberto Ganga, al que en septiembre de 2015, bajo el Gobierno de Sara Hernández, se le pagó 60.000 euros en concepto de indeminzación por haber trabajado en la empresa municipal durante 29 días y en un período de prueba que no superó.
M.R.V, que en sede judicial prestó juramento de decir la verdad, como así le obliga el Código Penal, afirmó que le ofreció a Ganga la cantidad de 47.000 euros -60.000 si se suman los impuestos- “cinco minutos antes de entrar en la sala” en la que se iba a celebrar el juicio previsto -el acto de conciliación- por la decisión de GISA de no optar por la continuación en el cargo.
La abogada que representaba a la empresa municipal GISA en el conflicto laboral con Ganga ha testificado en sede judicial señalando que, cinco minutos antes de la conciliación, recibió una llamada con esa orden
Según la letrada, cuya declaración se antoja clave para el devenir de la investigación, Juan Manuel Hernández, gerente de GISA y figura de la máxima confianza de la alcaldesa, la llamó por teléfono para indicarle que, antes de entrar en sala, negociase con Ganga el pago de una indemnización con una cantidad máxima de 70.000 euros.
La letrada que representaba los intereses de GISA añadió que, en esa llamada telefónica, el gerente de la empresa municipal fue tajante al afirmar “que recibía instrucciones de arriba”, sin recordar inicialmente a quién se refería, aunque con posterioridad se le informó de que esa persona era la concejal Mónica Cerdá, que en aquel entonces era la consejera delegada de GISA.
Sin embargo, la edil, que prestó declaración como imputada ante la Policía Nacional, subrayó que fue la propia alcaldesa, Sara Hernández, “quien daría las instrucciones permanentes” al gerente de la empresa municipal para que se abonase el desorbitado pago. El asunto finalizó como es conocido por todos: GISA pagó a Alberto Ganga 60.000 euros como indemnización por trabajar durante 29 y en un periodo de prueba.
IMPUTACIÓN
Recientemente el PP de Getafe pidió la imputación de Sara Hernández “al estar directamente relacionada con los hechos objeto de denuncia”. Si finalmente se accede a la petición, la alcaldesa testificaría en sede policial como imputada.
“En este sentido, el gerente y la señora Cerdá (entonces consejera delegada) debieron acatar las indicaciones de la alcaldesa, quien, tal y como se puso de manifiesto en la denuncia que dio lugar a esta causa, tendría notorias razones para otorgar a Ganga esta indemnización, dado que éste es precisamente el letrado de la acusación popular en el denominado ‘caso Teatro’, causa seguida frente a ediles del PP de Getafe y por la que presuntamente no cobra honorario alguno”, apunta finalmente el escrito del PP, al que ha accedido Al Cabo de la Calle.
