El ‘caso Ganga’ sigue cercando a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández. Todo ello a cuenta de las indagaciones que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 5 de Getafe para esclarecer un asunto sobre el que aún existen demasiados interrogantes.
Exactamente se investiga el pago de 60.000 euros en concepto de indemnización al abogado Alberto Ganga, que únicamente trabajó durante 29 días en la empresa municipal GISA y en un período de pruebas que no superó. Como consecuencia de la querella que interpuso el PP de Getafe, la Policía Nacional interrogó como ‘investigados no detenidos’ al propio letrado; a Juan Manuel Hernández, gerente de GISA; y a la concejal Mónica Cerdá, que entonces era la consejera delegada de la empresa pública. Los tres fueron citados en sede policial para declarara por un presunto delito de malversación.
En un escrito al que ha accedido Al Cabo de la Calle, el PP pide a la Policía Judicial que cite a declarar a la alcaldesa por el pago de 60.000 euros al abogado que solo trabajó 29 días en GISA
En su testimonio ante la Policía, Cerdá dijo que “fue la Alcaldía quien daría las indicaciones pertinentes a la Gerencia de GISA”. Es decir, la edil, expulsada del PSOE en 2016, sostuvo que Sara Hernández, que además es presidenta del consejo de administración de la empresa pública, habría sido la encargada de dar la instrucción al gerente para que pagase los 60.000 euros al abogado Ganga.
Tras esta declaración, el PP ha añadido más presión sobre Hernández. Y así, en un escrito remitido el pasado 5 de septiembre al Juzgado, los populares solicitan que, en el marco de las diligencias, la Policía Judicial cite a declarar a Sara Hernández “al estar directamente relacionada con los hechos objeto de denuncia”. Si finalmente se accede a la petición, la alcaldesa testificaría en sede policial como imputada.
La acusación ejercida por el PP sostiene que en septiembre de 2015, fecha en la que se pactó el pago de la desorbitada indemnización a Ganga, Sara Hernández ya ostentaba el cargo de alcaldesa de Getafe y además, era la presidenta del consejo de administración de Gisa.
“En este sentido, el señor Hernández (gerente) y la señora Cerdá (entonces consejera delegada) debieron acatar las indicaciones de la alcaldesa, quien, tal y como se puso de manifiesto en la denuncia que dio lugar a esta causa, tendría notorias razones para otorgar a Ganga esta indemnización, dado que éste es precisamente el letrado de la acusación popular en el denominado ‘caso Teatro’, causa seguida frente a ediles del PP de Getafe y por la que presuntamente no cobra honorario alguno”, apunta finalmente el escrito del PP, al que ha accedido Al Cabo de la Calle.
