La Mesa de la Asamblea de Madrid ha admitido las mociones de censura de los grupos parlamentarios de PSOE y Más Madrid en contra del Gobierno de Ayuso. Los dos grupos habían presentado sendas mociones este miércoles, coincidiendo con el anuncio de un adelanto electoral.
La Mesa de la Asamblea de Madrid llevaba reunida desde las 14.30 horas estudiando estas mociones, que han sido admitidas con el voto favorable de Ciudadanos. La disolución se ha formalizado mediante decreto 15 /2021, que entrará mañana jueves en vigor, de disolución de la Asamblea y convocatoria de elecciones.
Dicho lo cual, juristas creen que primará la voluntad de Isabel Díaz Ayuso de disolver la Asamblea de Madrid para convocar elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid sobre las mociones de censura presentadas por PSOE y Mas Madrid, al tener efectos desde que se ha dictado el decreto de disolución pese a no haber sido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM).
El presidente de la Sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Alberto Dorrego, ha señalado a Europa Press que habría que acudir a «criterios de fundamento racional de las instituciones» ya que «el derecho de disolución» de una cámara regional es «una facultad que tiene cualquier presidente de una comunidad autónoma para evitar precisamente mociones» como ha sido el caso de lo ocurrido en Madrid.
El abogado ha explicado en primer lugar que una vez presentada una moción de censura, el presidente de una comunidad autónoma no podría disolver el Parlamento regional.
«La duda es si, una vez disuelta la cámara, qué pasa si se presenta una moción. La respuesta es categóricamente que no se puede porque atentaría contra la esencia del derecho de disolución y su concepto constitucional. La facultad que tiene un presidente de disolver las cámaras es un equilibrio del sistema parlamentario», ha señalado.
En el caso de que el decreto de disolución no esté publicado en el BOCM, no supondría que no tuviera efectos dado que, a juicio del abogado, prima «la voluntad de disolución en el momento que se dicta el decreto» y que en este caso ha sido en el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana.
