El pasado 9 de marzo, el Ayuntamiento de Leganés suspendió las actividades para mayores por el coronavirus, pero mantuvo la marcha por la igualdad, que finalmente se celebró. Cinco días más tarde, el Gobierno decretó el Estado de Alarma por la pandemia de Covid-19, con las consecuencias que hoy, desgraciadamente, conocemos.
Y precisamente hoy, 8 de junio, el PP de Leganés ha solicitado al alcalde, Santiago Llorente, que muestre toda la documentación, que obra en poder del Ayuntamiento, y que sirvió para permitir la marcha feminista de aquel 9 de marzo. Una petición que llevará al Pleno del jueves, en forma de interpelación.
«Los vecinos de Leganés tienen el derecho a saber qué información manejaba el alcalde en relación al coronavirus y si era conocedor del peligro que implicaba alentar a acudir a la citada manifestación por el evidente riesgo de contagio que existía», ha dicho el portavoz del PP, Miguel Ángel Recuenco.
Los populares sostienen que ese evento «congregó a un buen número de ciudadanos», de acuerdo a las cifras que manejaba el Gobierno local e «influyó, sin ninguna duda, en que Leganés se haya convertido en una de las ciudades de Europa, más castigadas por la Covid-19, lo que ha significado que muchos vecinos hayan fallecido a causa de la pandemia».
Por eso, el PP quiere se que hagan públicos todos los documentos que acrediten el por qué de aquella marcha «y depurar responsabilidades, en caso de que se demuestre que el Gobierno de Llorente ha actuado de forma temeraria o negligente».
SIN ÁNIMO DE CRIMINALIZAR LAS MARCHAS
Dichos documentos que el PP de Leganés quiere que se muestren son la autorización concedida por la Delegación del Gobierno en Madrid, la correspondencia y llamadas mantenidas con la citada institución y con la Comunidad de Madrid o sobre las reuniones organizadas, en esas fechas, con el Servicio Municipal de Salud.
En cualquier caso, los populares quieren dejar claro que «no queremos criminalizar las marchas feministas que se celebraron, pero la verdad es que el Gobierno de Pedro Sánchez, no las suspendió, porque tenía un claro interés político en que fuese un éxito de convocatoria, pese a la recomendación de la OMS, de cancelar actos multitudinarios: como eventos deportivos, culturales o políticos».
Precisamente por eso, insisten, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, declara el miércoles en el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, aunque la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa.
