Ala alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, amenaza con estallarle en las manos el conflicto que desde hace años mantiene con un sector mayoritario de la Policía Local. Tiene toda la pinta de que no ha medido bien sus fuerzas en un pulso que puede costarle muy caro teniendo en cuenta que las elecciones municipales están ya casi a la vuelta de la esquina.
Y es que, junto a la sanidad, la educación o el empleo, el de la seguridad es otro de los apartados capitales de un buen Gobierno desde la perspectiva de los ciudadanos, tremendamente sensibles a los datos de criminalidad y que saben detectar a la legua cuando un Ayuntamiento fracasa a la hora de mantener a raya a los delincuentes.
Y en Getafe está ocurriendo precisamente eso. Que los vecinos andan de sobresalto en sobresalto, porque no hay barrio que se libre de los ‘amigos de lo ajeno’, quienes en muchos casos campan a sus anchas a sabiendas de que la Policía Local trabaja bajo mínimos y que sus condiciones laborales distan mucho de ser las mínimamente exigibles para prestar el servicio en las condiciones que demanda la ciudadanía.
Sin ir más lejos, recientemente dábamos cuenta de la oleada de robos de catalizadores que se vienen produciendo durante las últimas semanas en numerosos vehículos aparcados en los barrios de La Alhóndiga y San Isidro. Con total impunidad y alevosía. Como no hace mucho ocurría con la proliferación de robos de coches en Las Margaritas, El Bercial o Perales del Río.
Difícil olvidar también la sucesión de altercados que se registraron hace no demasiado tiempo en la práctica totalidad de las fiestas de los barrios, ya que el dispositivo policial resultaba manifiestamente insuficiente.
Tan enconadas están las posturas, que cuatro sindicatos del cuerpo han convocado ya dos movilizaciones para protestar por la falta de efectivos y las adversas condiciones de trabajo, con discriminación laboral incluida, y no piensan parar hasta que la concejala de Seguridad, Elisabeth Melo, atienda sus reivindicaciones, cosa que hasta ahora no ha sucedido.
Y ahí están los resultados de tanta intransigencia: un incremento de las infracciones penales del 13,8% durante el primer semestre respecto al mismo período del año pasado, con especial mención para el tráfico de drogas, las peleas callejeras o los robos de coches.
Ocurre, no obstante, que la alcaldesa se va a jugar su continuidad en el cargo dentro de unos meses y sabe que no puede permitirse tener a la Policía Local de uñas, así que igual atiende pronto a razones, negocia unas condiciones dignas y la ciudad vuelve a ser segura. Que no sea por esperanza.
