La Real Academia Española (RAE) define la amnistía, como el “olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”. Una suerte de amnesia del Estado de Derecho sobre quienes, en su día, lo hicieron tambalear. Como una tabla rasa, que España ya pasó con el advenimiento de la democracia, pues empezaba un nuevo Régimen, dejando atrás el Franquismo.
Ahora la amnistía vuelve al tablero político, para beneficiar a una pequeña parte de la población española, que se considera superior al resto, en derechos, que no en obligaciones. Se trata de los golpistas catalanes, que el 1 de octubre declararon de forma unilateral la independencia de Cataluña, poniendo en jaque a España.
Cientos de policías, efectivos de emergencias y funcionarios de justicia se jugaron la vida en los días previos y sucesivos, intentando hacer cumplir la Ley, igual para todos los españoles, sin distinciones. El propio Rey, Felipe VI, salió públicamente a desbaratar el golpe y el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huyó para no ser juzgado, como sus compañeros golpistas. Un prófugo, con causas pendientes, que ahora se antoja clave para la investidura del próximo presidente del Gobierno.
Y lo es, porque el propio Gobierno en funciones ha decidido darle la llave. Ya ha elegido. Empezando por la ministra y vicepresidenta Yolanda Díaz, que lo legitimó reuniéndose con él en Bruselas; y siguiendo con el resto del PSOE de Pedro Sánchez, que envalentonado porque el 23 de julio no se dio el batacazo que merecía en las urnas, ha virado en su discurso, y habla abiertamente de la posibilidad de amnistiar al fugado Puigdemont y sus compinches golpistas, con tal de seguir unos días más en la Moncloa.
Amnistiar a los sediciosos, que malversaron dinero público y se declararon violentamente independientes, supone destrozar el principio de igualdad ante la Ley de todos los españoles y un cambio de Régimen
Aprobar una amnistía en favor de los sediciosos es cambiar, de facto, el Régimen actual. Es acabar con el principio de igualdad ante la Ley. Es decir que ese puñado de facinerosos son unos privilegiados frente al resto de españoles. Que no hubo golpe, que no ourrió nada. Es deslegitimar a jueces, fiscales y policías. Es, ni más ni menos, que la claudicación de España ante la barbarie. Un presidente, un partido y unos satélites, dispuestos a hacer volar por los aires los resortes del Estado de Derecho por intereses particulares.
Estar en contra de la amnistía, pues, es estar a favor de la libertad y de la democracia. Apoyarla o aprobarla es ser igual de malhechor que aquellos que malversaron, se amotinaron y golpearon la Constitución, garante de nuestras libertades, derechos y obligaciones. Es, ni más ni menos, que apoyar una dictadura.
No es, pues, una cuestión baladí. Supone romper las reglas del juego. Por lo que la decisión de amnistiar o no a los sediciosos es, a día de hoy, el reto más grande al que se enfrenta la libertad y España en su historia reciente. No vale ponerse de perfil y los concejales y diputados autonómicos tendrán que retratarse, mirar a sus vecinos y decirles a la cara si les ven iguales en derechos y obligaciones o, por el contrario, esclavos de las ínfulas de un personaje, Pedro Sánchez, que quiere ser presidente vendiendo España al diablo.
