El número de viviendas okupadas en la Comunidad de Madrid ha subido y se sitúa ya en las 5.000. Se trata de un fenómeno delictivo en auge que tiene una mayor incidencia en los barrios del sureste de la capital, como Usera y Villaverde, y en municipios como Fuenlabrada, Leganés o Alcalá de Henares.
Así lo ha expuesto el coordinador de la Oficina de Viviendas Ocupadas de la Policía Nacional, Sergio Gámez, durante la Jornada sobre esta problemática que ha organizado la Federación Madrileña de Municipios con la presencia de su presidente, Guillermo Hita, y con la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.
De hecho, Dancausa ha recordado que desde que en abril de 2016 se pusieran en Madrid dicha Oficina, se han realizado 615 juicios rápidos, con los que se ha podido recuperar 1.355 viviendas, de las que se han liberado 953 este año. Más de la mitad de las viviendas okupadas son de la ciudad de Madrid, seguida de municipios grandes de la demarcación de la Policía Nacional y ya en menor medida de la Guardia Civil.
Y así, según datos facilitados por el coordinador de la Oficina, en Fuenlabrada hay contabilizadas 218 viviendas en esta situación, en Leganés 147 y en Alcalá 127. En total, la media de las localidades de la demarcación de Policía Nacional es de 103 inmuebles okupados. La estadística se dispara en Madrid, con una media distrital de 145 y con barrios como Usera y Villaverde, con más de medio millar de pisos okupados.
Gámez, por su parte, considera que la ley es «muy laxa» porque las usurpaciones solo se castigan con 180 euros, por lo que han pedido a los alcaldes presentes en la Jornada que presionen a los sus partidos para un endurecimiento de la legislación para atajar el problema de las casas okupadas. Finalmente ha afeado la labor de plataformas antidesahucios porque «están impidiendo la labor policial y están haciendo un flaco favor a la sociedad», aunque ha respetado su actuación en la sociedad democrática.
