El dato es demoledor. Lo publicó el Banco de España hace apenas una semana. La deuda del conjunto de las administraciones públicas registró en marzo un aumento del 1% respecto al mes de febrero, hasta alcanzar el máximo histórico de 1,535 billones de euros, con lo que se sitúa en el 113% del PIB.

Una pesada losa que supone que cada español, independientemente de su edad, debe la friolera de 32.245 euros. La cifra es más escalofriante si solo tenemos en cuenta a la población con edad de trabajar, pues la deuda ‘per capita’ asciende a 40.404 euros.

Como dijo el poeta romano Publio Siro: “Las deudas son una amarga esclavitud”. Y en esa condena nos han metido las distintas clases gobernantes, con la complicidad, por supuesto, del pueblo español, que lo ha permitido y sigue consintiendo.

Pero el asunto ha empeorado sobremanera desde que el PSOE de Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, con el beneplácito de las urnas en 2019 y el apoyo explícito de los golpistas de ERC, Bildu/ETA, PNV o Unidas Podemos. Entonces, y según el Banco de España, la deuda pública estaba en 1.223 billones de euros, lo que equivalía a que cada español debía 25.692 euros. Es decir, que desde que Sánchez ocupa el sillón presidencial, los ciudadanos cargamos con 6.553 euros más de deuda por cabeza. Y ahí seguimos con un Gobierno de 22 ministros y miles de asesores, sin ninguna contención del gasto político innecesario, pagando cada vez más impuestos, a costa de unos servicios deficientes.

¿Cómo se paga esa deuda? Pues hay distintas recetas. La que plantea el socialismo es más impuestos, que desembocan en una inflación que galopa cual caballo desbocado. Recaudar más y ceder soberanía a vaya a saber qué intereses espurios, con tal de seguir gastando a manos llenas lo que no se tiene, condenando a la ruina a ésta y generaciones futuras.

Los vemos también a nivel municipal, con casos como el de Moraleja de Enmedio, donde hoy gobierna el PSOE, que arrastra su particular deuda y cuya alcaldesa, la socialista Valle Luna, quiere que la paguen los vecinos con un ‘Plan de Ajuste’ injusto. O en Alcorcón, donde socialistas y comunistas hacen que una cuestión de orden público, como la eliminación de grafitis de fachadas de comercios, la paguen las propias pymes, mientras el presupuesto de la empresa pública de limpieza engorda cada año a costa del bolsillo del contribuyente.

Luego está la otra fórmula de hacer frente a una deuda, como es bajar impuestos, reducir el gasto político inútil y fomentar la inversión extranjera y nacional en el territorio. Un modelo que representa la Comunidad de Madrid del PP de Ayuso, por ejemplo. Con los datos en la mano, esos dos modelos confrontan en las urnas el 28 de mayo. Ustedes deciden.