Lento pero firme, el caso Ganga sigue su curso por los tribunales de Getafe. El pasado 18 de marzo, el gerente de GISA, Juan Manuel Hernández, y la exconsejera delegada de la empresa municipal, exconcejal del PSOE y edil no adscrita, Mónica Cerdá, comparecieron en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Getafe para declarar como investigados por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En este caso se investiga el pago de 60.000 euros en concepto de indemnización al abogado Alberto Ganga, que únicamente trabajó en la empresa municipal GISA durante 29 días y en un período de pruebas que no superó. Al no estar de acuerdo, Ganga recurrió a los juzgados por un despido improcedente, pero no hubo juicio porque se llegó a un acuerdo.

El PP de Getafe, al conocer este pago efectuado bajo el Gobierno de Sara Hernández, presentó una querella contra la alcaldesa como presidenta del consejo de administración de GISA; contra la concejal Mónica Cerdá, entonces consejera delegada de la empresa pública; contra Juan Manuel Hernández, gerente de la sociedad municipal; así como contra Alberto Ganga.

Y ahora el caso se encuentra en fase de instrucción. Una investigación que llevó recientemente a declarar ante el juez a Mónica Cerdá y el gerente de GISA, que a preguntas de los letrados, en una grabación a la que ha tenido acceso este periódico, se desvinculan y no se responsabilizan de quién ordenó la indemnización a favor de Ganga.

De hecho el gerente de GISA señala que “a mi me da unas instrucciones Mónica Cerdá, le transmito mi desacuerdo porque entiendo que no son las correctas. Ella es la consejera delegada y se lo dice a la asesoría, y la asesoría realiza lo que nosotros, que somos sus clientes, le estamos comentando”. Hernández manifestó su desacuerdo “porque la asesoría jurídica nos recomendaba entrar en sala y no llegar a indemnización en esos términos. Pensaba que era mejor para la empresa entrar en sala. No nos aseguraban que ganáramos, pero las posibilidades eran elevadas y beneficiosas para la empresa”. De hecho señala que “la negociación fue por orden de Mónica Cerdá”.

La edil no adscrita, por su parte, señaló en los juzgados que se enteró “de la cuantía de la indemnización cuando me entregaron la carpeta de firmas la responsable del área financiera de GISA con el fin de que yo procediera a lo que es la firma”. Y añadió que “en cuanto a las cantidades y el procedimiento a seguir son competencias de Gerencia”.

“INSTRUCCIONES DE ARRIBA”

En cambio, el pasado mes de marzo de 2018, Mónica Cerdá compareció en sede policial diciendo sobre este tema que “fue la Alcaldía quien daría las indicaciones pertinentes a la Gerencia de GISA”. De esta manera y ante la policía, Cerdá aludía directamente a Sara Hernández, que es la presidenta del Consejo de Administración de la empresa pública. Algo que sin embargo Cerdá no hizo frente al juez el 18 de marzo de 2019.

Por su parte, conviene recordar que la letrada que defendía los intereses de GISA en el marco de esta investigación en octubre de 2018, afirmó que le ofreció a Ganga la cantidad de 47.000 euros -60.000 si se suman los impuestos- “cinco minutos antes de entrar en la sala” en la que se iba a celebrar el juicio previsto.

Según la letrada, Juan Manuel Hernández, gerente de GISA y figura de la máxima confianza de la alcaldesa, la llamó por teléfono para indicarle que, antes de entrar en sala, negociase con Ganga el pago de una indemnización con una cantidad máxima de 70.000 euros. La letrada que representaba los intereses de GISA añadió que, en esa llamada telefónica, el gerente de la empresa municipal fue tajante al afirmar “que recibía instrucciones de arriba”, sin recordar inicialmente a quién se refería.

Así pues el ‘caso Ganga’ sigue su curso, con reproches entre unos y otros y nadie responsabilizándose de la indemnización.