El Gobierno de PSOE, Más Madrid y Ganar Alcorcón-Unidas Podemos ha fichado como coordinador de Juventud a Amán Hamoudi de Andrés, hijo adoptivo de quien fuera alcaldesa de la ciudad hasta junio de este año, Natalia de Andrés. Un puesto de libre designación por el que percibirá 52.600 euros brutos al año.
Hamoudi de Andrés emula así a su progenitora, que en los años noventa, cuando inició su andadura política, ocupó un puesto similar en el Ayuntamiento de Alcorcón.
Este enchufe ha generado la polémica en el municipio, teniendo en cuenta el parentesco con Natalia de Andrés, condenada a cinco años de inhabilitación «para gestionar y administrar bienes ajenos públicos y privados» tras quebrar la empresa municipal de vivienda de Alcorcón, EMGIASA.
Ante el revuelo, el Ejecutivo municipal ha defendido este enchufe. «La contratación de los cargos eventuales es una herramienta no solo legal y democrática sino necesaria para ejecutar las acciones, decisiones y políticas municipales impulsadas desde los gobiernos de cada Administración en este país», ha dicho.
En cuanto a la figura de Amán Hamoudi de Andrés, el Gobierno de Candelaria Testa expone que se trata de una «persona altamente cualificada y perfectamente preparada para el desempeño de dicho cargo, tal y como demuestra no sólo su currículum de implicación con la ciudad, sino su trayectoria profesional en diversos ámbitos (social, asociativo, juvenil y político) que, estamos seguros, quedará perfectamente acreditada durante el desarrollo de este mandato».
«CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO»
Por otro lado, el Ejecutivo de Alcorcón condena la «campaña de desprestigio» que entienden se está llevando a cabo contra la exregidora, y que además se extienda también a su hijo. «Todo a pesar de que ella no solo demostró que ha sido una extraordinaria primera edil con una gestión rigurosa, sino que no ostenta cargo político alguno en el Consistorio en la actualidad», han dicho.
Asimismo, denuncian que con todo esto. lo que se intenta es sembrar dudas sobre la «transparencia y ética» del Gobierno actual, «a pesar de que se trata de un nombramiento legal, público y con plenas garantías éticas».
Por eso, apuntan a que esto «solo responde a la deplorable intención de desprestigiar a un equipo de Gobierno que puede presumir no solo de haber contado con una gestión limpia, legal y moral durante los últimos cuatro años, sino que lo seguirá haciendo a lo largo de los próximos cuatro».
