Fernando Portillo: «Al juez Peinado se le ha llamado reiterada y públicamente prevaricador, y solo porque no gusta que investigue la presunta corrupción de la esposa del presidente»

Es uno de los jueces más activos y conocidos en ‘X’, cuyo alias es @JudgeTheZipper, y su labor resulta cada vez más fundamental, de ahí que su presencia en los medios sea cada vez mayor. Fernando Portillo explica así su importante trabajo cuando se quita la toga: «Hacer pedagogía ciudadana sobre estas cuestiones; ese es el motivo de mi presencia en redes sociales y medios, tratar de hacer comprensible nuestro trabajo de juez».

Juez decano de los Juzgados de Melilla y expresidente del Foro Judicial Independiente no teme explicar ni responder pregunta alguna. Y sobre todo su humanidad y humildad hacen que su profesión sea vista aún con más respeto.

En medio de este panorama, le voy a hacer una pregunta: ¿es verdad que los jueces son imparciales?
A ver, los jueces somos personas antes que jueces y, por tanto, vivimos en sociedad, leemos periódicos, escuchamos la radio, vemos la tele y usamos las redes sociales y claro que tenemos ideología y opiniones sobre cualquier tema. Pero, ante todo, somos profesionales de la imparcialidad, no debemos nuestro cargo a nadie, solo a nuestro esfuerzo, así que, cuando tenemos un asunto, nos ponemos la toga y dejamos en la percha nuestro sistema de creencias para enfrentarnos al asunto con ojos de jurista, solo atentos a los hechos que nos traen y al derecho aplicable. Además, hay mecanismos legales que garantizan que el juez que ve tu asunto no tiene ningún interés en darte la razón a ti o al otro.

¿Se podrían regular de alguna manera los ‘ataques’ a la justicia disfrazados en ‘críticas’?
Las críticas a las decisiones judiciales son necesarias en una democracia, pues es una forma de rendir cuentas por nuestro trabajo. Claro, lo deseable es que la crítica sea técnica o, por lo menos, no descienda al ataque personal al juez ni, por extensión, ponga en duda la legitimidad del poder judicial. Eso ya no es ‘crítica’, efectivamente, es ‘ataque’. Y, por desgracia, en los últimos tiempos, nos hemos acostumbrado a que estos ataques vengan de ministros y responsables políticos, lo cual lo hace aún más grave porque ese mensaje, por venir de quienes viene, cala en parte de la sociedad, que empieza a creer que los jueces actuamos por motivaciones ideológicas o políticas. La verdad es mucho más sencilla: el poder judicial investiga la corrupción allí donde aparecen indicios de la misma, da igual el color, como se ha visto a lo largo de los años. Pero si parte de la ciudadanía se cree esos mensajes y empieza a desconfiar de los jueces, entonces el poder judicial queda debilitado en su función de perseguir esa corrupción; los mismos ciudadanos, paradójicamente, quedarán más indefensos frente a los abusos del poder político.

¿No se puede entonces regular?
Regular esos excesos verbales es difícil. Los límites a la libertad de expresión ya existen, claro, son los delitos de injurias y calumnias o los ilícitos civiles por vulnerar el honor o la imagen. Pero ponerlos en marcha supone un desgaste personal y económico del juez afectado y, en todo caso, son ineficaces si se trata de ataques al poder judicial en general. Tal vez, el Consejo General del Poder Judicial debería tener algún instrumento legal más allá del amparo que a veces presta como mera declaración institucional. En definitiva, estamos indefensos frente a esos ataques, ya que los jueces solo podemos hablar a través de nuestras sentencias y estas se limitan a dar una respuesta judicial a un conflicto concreto, sin más.

¿Por qué hay diferencias a la hora de considerar a unos y a otros jueces? 
Habría que preguntar a los que hacen esos ataques. Pero, analizando desde fuera lo ocurrido, yo diría que quienes más han sido vilipendiados públicamente, quienes más están sufriendo el hostigamiento político han sido los jueces que investigan o han investigado la corrupción del entorno familiar del presidente del Gobierno, lo cual no habla muy bien de una actividad política pública que parece girar en torno a la devoción a un líder y no a unas ideas.

Lo que está pasando pone muy de manifiesto la necesidad de que la ciudadanía sepa Derecho; y por parte de las administraciones de Justicia se sea lo más claro y entendible posible, ¿no le parece?
Totalmente de acuerdo. Cuanto más cultivados estemos como sociedad sobre cómo funcionan nuestras instituciones, qué es el Estado de Derecho y cuál es el papel de los jueces, menos manipulables seremos por medios y políticos interesados. Lo de que las sentencias sean más claras también ayudaría, aunque aquí tenemos un límite y es que lo que vemos en los juicios son cuestiones muy técnicas y, por ello, es necesario un lenguaje técnico, pues en su precisión muchas veces está la victoria o la derrota procesal. Pero sí, hay margen para andar en esa dirección y, sobre todo, para tratar de hacer pedagogía ciudadana sobre estas cuestiones. Ese es el motivo de mi presencia en redes sociales y medios, tratar de hacer comprensible nuestro trabajo de juez.

¿Usted se ha sentido ‘atacado’ o ‘cuestionado’ en alguna ocasión?
A ver, los jueces estamos constantemente cuestionados. Nuestras decisiones, en su mayor parte, son recurribles y se recurren y, en esos recursos, se pone negro sobre blanco lo mucho que supuestamente nos hemos equivocado. Y no pocas veces se le da la razón a esos recursos. Estamos acostumbrados, por tanto, a que todos los días se ponga en duda nuestro trabajo. Pero se hace con argumentos técnicos y jurídicos, claro, y forma parte de nuestra función. Si te refieres a ataques personales externos, pues en mi caso alguno he sufrido, como todo juez, supongo, cuando un asunto que tenemos sobre la mesa tiene trascendencia mediática, pero vaya, en mi caso particular ha sido muy puntual y liviano, desde luego nada que ver con lo que algunos compañeros están sufriendo estos días.

Como el que está sufriendo Peinado, ¿qué le parece?
Lamentable, claro. En ese caso concreto, se trata de un compañero que sólo está haciendo su trabajo, un trabajo que está siendo revisado por otros muchos jueces de la Audiencia Provincial de Madrid y que, en su mayor parte, está siendo validado por estos. Es lo que decía antes, se puede discrepar de sus decisiones, por supuesto, no todas serán acertadas, pero una cosa es la crítica y otra el ataque. A este compañero se le ha llamado reiterada y públicamente prevaricador, casi el peor delito que un juez puede cometer en el ejercicio de su cargo, y solo porque no gusta que investigue la presunta corrupción de la esposa del presidente. Lo mismo podría decirse de la juez Beatriz Biedma, la cual, además y por lo que estamos sabiendo, ha sido objeto de investigaciones personales para desacreditar su trabajo judicial sobre el hermano del presidente. Algunas cosas que estamos conociendo ahora dan mucho miedo.

¿Podría hacer un análisis del caso que afecta a Zapatero y qué opciones son posibles?
Es complicado, pues lo que estamos sabiendo sobre este caso es lo que interesadamente se está filtrando y todavía que quedan muchos meses de instrucción, seguro. Ahora bien, si analizamos lo que se filtra, autos del juez Calama incluidos, lo que queda claro, a mi modo de ver, es la existencia de serios indicios de comisión de varios delitos que, desde luego, van más allá de meras apreciaciones subjetivas, sino que se asientan en datos objetivos, lo que, entiendo, hace muy probable un futuro juicio contra el expresidente. El tema de las joyas, por ejemplo, lo sitúa en la difícil tesitura de reconocer que fueron pagos o que fueron regalos que se quedó ilegalmente, y ambas opciones pueden ser delito. La defensa se va a centrar, entiendo, en los aspectos formales para tratar de anular algunas pruebas, aunque me temo que chocará con la doctrina consolidada del Tribunal Supremo y la experiencia en la investigación de estos delitos que tiene la Audiencia Nacional.

¿A usted le parece que se ha protegido a las hijas de ZP al llamarlas como imputadas en lugar de como testigos?
Por supuesto. Tomar declaración a las hijas era casi obligado dado que su empresa aparecía directamente relacionada con los pagos que se están investigando y la mejor forma de hacerlo es como investigadas. Al hacerlo así se evita que puedan auto incriminarse con sus respuestas, ya que, además de venir con abogado, tienen derecho a no declarar y/o a dar la versión que más se ajuste a su defensa, mientras que como testigos vendrían solas y tendría la obligación de contestar a todas las preguntas y de decir la verdad. Así, además, se evitan posibles nulidades.

¿Qué escenario tendría que darse para que Zapatero saliera indemne? Aunque parezca imposible…
Es complicado saberlo, sobre todo porque, como decía, estamos todavía en una fase inicial de una investigación a la que, me temo, aún quedan meses, sino años, para terminar. Al contratar como abogado a un experto en derecho procesal diría que la defensa entiende que sus mejores opciones para salir indemne pasan por señalar y acreditar errores procedimentales, de forma, más que de fondo. Habrá que esperar a ver cómo se va desarrollando todo.

¿Y cuál sería el mejor de los escenarios para él?
Pues supongo que el de todo investigado, que la instrucción se archive en algún momento, que se cierre sin ni siquiera abrir juicio. Con lo que sabemos ahora, parece poco probable, pero, insisto, aún queda mucha tela que cortar y la presunción de su inocencia sigue plenamente operativa.

Es la primera vez que se imputa a un expresidente…
Sí, eso parece. No debería haber ocurrido nunca, eso por descontado, dado que daña la imagen del país. Pero la justicia es ciega y la investigación de los indicios de delito no se detiene atendiendo a los apellidos o los cargos de las personas implicadas.

 ¿Usted cree que es justo el aforamiento?
A ver, la justificación histórica del aforamiento es doble, de un lado proteger a los cargos públicos de presiones políticas o denuncias espurias que pudieran paralizar el funcionamiento de instituciones como el Parlamento y, también, garantizar que casos de alto nivel los juzguen tribunales más experimentados e independientes, evitando presiones locales sobre jueces de primera instancia, de ahí que vayan a altas instancias judiciales. Actualmente, sin embargo, creo que la figura está virando de garantía institucional ligada a la separación de poderes a privilegio personal. Si a eso añadimos que actualmente hay casi dos mil políticos de uno u otro tipo aforados, la sensación es que hay ciudadanos de primera y de segunda ante la ley. Hoy, en plena democracia, con un poder judicial independiente y con las sospechas de politización apuntando precisamente a esa cúpula judicial, la justificación clásica se ha debilitado mucho para la inmensa mayoría de cargos políticos. Yo mantendría, o incluso reforzaría, la inmunidad procesal limitada a diputados y senadores (el suplicatorio), porque protege la función representativa frente a posibles abusos del poder ejecutivo o judicial, pero eliminaría o reduciría drásticamente el aforamiento para la gran mayoría de políticos. Que sean juzgados por los tribunales ordinarios es compatible con la protección institucional.

Los jueces, para que la gente lo entienda, ¿aquello que hacen es porque previamente Fiscalía lo solicita? Si Fiscalía no solicita algo, ¿qué margen tienen ellos?
Durante la fase de instrucción, el juez es el director de la investigación y es totalmente autónomo para adoptar las diligencias de investigación que entienda procedentes en cada momento. Ahora bien, hay algunas medidas que requieren previo informe del Ministerio Fiscal, como las entradas y registros o los pinchazos telefónicos, y otras que no se pueden adoptar si el fiscal (u otra acusación) no las pide, aunque el juez quiera, como la prisión provisional. Pero son supuestos muy limitados. Eso sí, el fiscal puede recurrir cualquier decisión que el juez adopte durante la instrucción, si no está de acuerdo con ella. Y es conveniente recordar que, si no hay acusación particular ni popular y el fiscal no quiere acusar al acabar la instrucción, no se abriría la fase del juicio, aunque el juez lo haya ordenado. Quede claro, en cualquier caso, que la iniciativa en la instrucción siempre es del juez.

¿Qué es lo que define para usted a un buen juez/magistrado?
Alguien que, independientemente de la sobrecarga que tiene (que suele ser mucha en la mayoría de los destinos), dedica todo el tiempo que puede a estudiar un asunto y a dar una respuesta motivada a las cuestiones que se le plantean. Yo creo que es lo mínimo que la sociedad puede y debe exigir a todos sus jueces: que estudien el asunto y que expliquen su decisión. Y bueno, por supuesto, un buen juez debe actuar siempre con imparcialidad y con respeto a la dignidad de su función y de la de todos los que actúan en el proceso.

¿Cuánto les ha perjudicado que haya jueces estrella?
Yo es que creo que no hay jueces estrella, sino más bien ‘casos estrella’, de esos mediáticos que te tocan (los jueces no elegimos nuestros asuntos) y que la mayoría de nosotros preferiríamos que le hubiese tocado al de al lado, por todo el desgaste que suponen. Alguno de nosotros habrá que gusten de esa exposición pública, sin duda, pero le aseguro que la inmensa mayoría de los jueces estamos más cómodos trabajando desde el anonimato, en el silencio de nuestro despacho, sin ruido mediático, deseosos de acabar la jornada para ir a casa con nuestra familia, sacar el trabajo acumulado y dedicar algo de tiempo a nuestras aficiones.

¿Cree que hay que modificar la manera de acceso a la carrera judicial?
Toda obra humana es susceptible de mejora, así que sí, siempre es recomendable revisar el modo de acceso a la carrera judicial y tratar de mejorarlo. Pero eso, para tratar de hacerlo mejor. Las modificaciones deben ir dirigidas a buscar más aún la excelencia profesional e incidir en la objetividad de la elección ya existente, no en tratar de introducir mecanismos de control ideológico en el acceso, que es lo que denunciamos la inmensa mayoría de jueces en junio del año pasado, cuando nos manifestamos e hicimos huelga contra la reforma del sistema de acceso que por entonces planteaba el Gobierno.

¿Es suficiente ‘cantar’ un tema? No me malinterprete… Porque antes era así, la Escuela Judicial vino después
Primero, es que no solo es «cantar» temas como si fueses un papagayo que no entiende lo que dice. Salvo una o dos mentes privilegiadas en todo el mundo, el resto de personas normales solo podemos memorizar grandes cantidades de información entendiéndola y relacionándola. De hecho, es precisamente este exigente modo de examinarte (oral) lo que garantiza que dominas/entiendes el temario hasta tal punto que puedes exponerlo de forma corrida. Cualquier opositor, haya o no aprobado, te dirá que se dio cuenta de que empezaba a comprender de verdad el derecho solo tras ponerse a opositar, no antes con la carrera. Y segundo porque nuestro conocimiento no es solo teórico. Tras aprobar tenemos dos años y pico de escuela judicial donde nos formamos en los aspectos prácticos de la profesión, de forma que, cuando finalmente vamos a nuestro primer destino, estamos sobradamente preparados. Todo es mejorable, claro, como decía. Nada impide introducir un ejercicio práctico en la fase de oposición, antes de la escuela, pero que eso se haga con rigor, sin rebajar el contenido del temario, como se pretendía, y con igualdad de oportunidades para todos los aspirantes del país. Precisamente, y para esto último, es imprescindible seguir y potenciar las becas que ya existen y que siempre hemos reclamado desde el asociacionismo judicial.

Pero no siempre hubo Escuela judicial, tenemos muchos jueces que fueron directamente mandados a un destino…
Sí, como siempre se trata de ir a mejor. Antes no había escuela judicial y la formación, por tanto, hay que entender que no era todo lo completa que ahora es gracias a que sí tenemos escuela. Antes había un ejercicio práctico en la oposición que se quitó cuando se introdujo este modelo de escuela judicial. El aprendizaje práctico siempre se ha considerado importante. Entiendo que una escuela de dos y años y pico es más formativa que un examen práctico, sin perjuicio de que podía volverse a introducir esa prueba sin problemas si se cree necesario.

Si le digo que estaría bien un control mayor sobre la salud mental de los magistrados, ¿qué me diría? Porque en sus manos están decisiones de máximo calado.
Le preguntaría cómo pretende controlar la salud mental de quienes son jueces, ¿con un test psicotécnico y/o entrevista durante la oposición, cuando sabemos que las pruebas psicológicas, subjetivas, son la gatera por la que se cuela el nepotismo en los procesos selectivos y, en todo caso, no son un filtro imbatible? La salud mental es muy importante, por supuesto, como lo es la manera en que incide en el desarrollo de nuestra labor. Yo creo que ahí el Consejo General del Poder Judicial tiene margen de mejora. Debido a la sobrecarga que padece la mayoría de la carrera, los riesgos sobre la salud mental surgen más bien durante el desarrollo de la profesión, no antes, así que el servicio de inspección que tenemos, y que funciona como un martillo, debería estar muy atento a las señales que advierta en el desarrollo de su actividad para adoptar rápidamente medidas como bajas o, incluso, incapacidades, sin esperar a que el propio juez, quemado, se dé cuenta de que algo va mal o, por no advertirlo, simplemente acabe sancionado por una acción puntual derivada de su situación límite. El Consejo también nos proporciona reconocimientos médicos anuales, voluntarios, que inciden un poco en esta cuestión, pero tal vez deberían profundizar más en ese aspecto de la salud mental y, desde luego, sus resultados deberían ser un indicativo muy poderoso para el Consejo.

No hablo de antes, sino sobre todo durante… Y el cómo, tal vez los psiquiatras y psicólogos, en cuyas pruebas y periciales se sirven en los juzgados, sabrían cómo hacerlo…
Sí, por eso te dije antes lo del psicotécnico, porque he escuchado muchas veces que habría que poner un psicotécnico. Tenemos revisiones médicas donde nos preguntan sobre salud mental, algo en lo que podría incidirse más, y luego la inspección del CGPJ debería ser más sensible a ello y estar abierta a derivar fuera del terreno disciplinario cuestiones que guardan relación con la salud mental.

¿Se nace juez? ¿Dónde queda la persona ante determinadas decisiones que ha de tomar?
Esta es, sin duda, una profesión muy vocacional. El esfuerzo que supone sacar la oposición de juez/fiscal podría rentarte más en otras oposiciones para ejercer otros trabajos con un nivel menor de implicación emocional, horario convencional y/o mejor retribuidos. Pero si decides estudiar para juez es por vocación de servicio público. En algunos esa vocación es muy temprana, desde pequeños, en otros es más tardía (la decisión suele adoptarse cerca de terminar la carrera de derecho), pero ahí está. Cada año, el Consejo pasa unas encuestas anónimas a quienes aprueban la oposición y, a la pregunta de por qué quieres ser juez, la respuesta mayoritaria es porque me gusta el derecho y la segunda más marcada es porque quiero proteger los derechos de los ciudadanos.

Cambiando absolutamente: ¿qué libro recomendaría leer a quien quiera ser un buen juez?
No soy muy dado a lecturas jurídicas, más allá de artículos doctrinales y sentencias de altos tribunales. Quiero decir que no me atrevo a recomendar libros concretos. Aunque, ya puestos, para el que esté pensando en ser juez creo que pueden ser muy ilustrativos «Así funciona la Justicia», de Natalia Velilla; «El oficio de decidir», de Miguel Pasquau; y «Destripando el derecho».