“Somos esclavos de las leyes para poder ser libres”. Marco Tulio Cicerón tenían claro lo que suponía la defensa de la ley durante el Triunvirato de César, Pompeyo y Craso. Desaparecido este último en Partia, la lucha fratricida entre los dos primeros desembocó prácticamente en el fin de la República de Roma, y el advenimiento del Imperio, si bien no sería hasta Augusto, hijo adoptivo de César, cuando se instauró el nuevo régimen.
El inicio de todo fue porque las leyes se convirtieron en papel mojado ante las aspiraciones de cónsules y generales, el silencio cómplice de senadores y un pueblo ajeno a las cuestiones del Estado. El cóctel perfecto, como decíamos, para el fin de la República.
A lo largo de la historia, la ley siempre ha sido el dique de contención de tiranos y reyes absolutistas. Y aunque hay ejemplos previos de normas supremas como hilo conductor del ordenamiento jurídico, no fue hasta las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX cuando cobró hegemonía el conocido como Estado de Derecho, aquel donde todos los poderes y ciudadanos están sujetos a la ley, y la norma fundamental es la Constitución. La matriz de una sociedad a la que se supone democrática y civilizada. Y es que más allá de la Constitución solo hay barbarie, arbitrariedad y un poder político que en nombre de cualquier circunstancia, puede someter al pueblo por la voluntad de un dictador.
Esto nos lleva a la España del siglo XXI, cuyo ordenamiento jurídico emana de la Constitución de 1978, que nos ha dado, tal vez, el periodo más próspero de nuestra historia. Y por primera vez, al menos de forma flagrante, un Gobierno se ha situado fuera de esa Constitución, suspendiendo de facto derechos fundamentales, cuando tenía más herramientas jurídicas para hacer frente a la pandemia -también tal vez- más dura a la que nos hemos enfrentado.
Eso ha fallado recientemente el Tribunal Constitucional sobre el primer Estado de Alarma y sus sucesivas prórrogas desde marzo de 2020. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, de acuerdo a la jurisprudencia, debió aplicar el Estado de Excepción para poder suspender derechos, como hizo, en vez de limitarlos.
Decretar un Estado de Excepción, y no de Alarma, implicaba mayor control del Legislativo y el Judicial a la acción de Gobierno, cosa que el Ejecutivo siempre quiso eludir
Un Estado de Excepción implicaba un mayor control de la acción de Gobierno por parte del Legislativo y el Judicial, contrapeso natural del Ejecutivo. Sin embargo, el presidente y su cohorte de ministros y asesores optó por el camino de la ilegalidad, aplicando un Estado de Alarma con el que eludir esos controles parlamentarios y, en nombre de la salud -aún siendo el peor país que ha gestionado la pandemia-, perpetrar una serie de escándalos, vía BOE, que han menoscabado la libertad de 47 millones de españoles, poniendo al servicio de una sola persona, todas las instituciones que tanto esfuerzo costaron levantar a nuestros padres.
Vulnerar la Constitución no puede ser algo baladí, ni una nota a pie de página. En ella, insistimos, se encuentran recogidos nuestros derechos fundamentales como individuos. No se lleven a engaño ante las voces que enarbolan la salud como justificación para saltarse la Ley Suprema, ya que los derechos y libertades reconocidos en el artículo 14, y la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título I (‘De los derechos fundamentales y de las libertades públicas’, artículos 15 a 29) y, con un régimen singular, la objeción de conciencia del artículo 30, gozan de las máximas garantías mediante protección reforzada o preferente. Es decir, son el núcleo de la Carta Magna. Nuestra razón de ser. Y una parte de ellos han sido violados impunemente, cuando había una alternativa con más garantías y control.
Por eso no puede quedar impune este ataque a las libertades de un Gobierno inconstitucional, que no solo no hizo su trabajo, sino que agravó aún más la situación. Ya sea en bloque o parcialmente, el Gobierno debe dimitir. De lo contrario, deconstruyendo a Cicerón, dejaremos de ser libres ante la ley, para ser esclavos fuera de ella.
