Decía el filósofo francés, Nicolas Chamfort: “A dos cosas hay que acostumbrarse, so pena de hallar intolerable la vida: a las injurias del tiempo y a las injusticias de los hombres”. Y de injurias e injusticias vamos a hablar a continuación, en el ejercicio de la libertad de expresión, reconocida hoy día en la Constitución Española, hasta que alguien diga lo contrario.
Para empezar, la Justicia en España es tediosamente lenta. Añaden luego los expertos, que contundente, algo que habría que poner en duda siempre. Pero nadie cuestiona su tardanza. Desde que se inicia un proceso judicial, a través de una denuncia admitida a trámite, hasta que se dicta una sentencia en firme, media un tiempo de instrucción, pruebas, declaraciones, recursos o apelaciones que parecen interminables.
En todo ese laxo de tiempo, media una calamidad de tiempo que mantiene en vilo a las partes. Y es aún más sangrante cuando la acusada, sabiendo de su inocencia, tiene que penar durante esa temporada, sometiéndose a escarnio público si su figura, encima, tiene cierto renombre en la sociedad. Seguramente los medios de comunicación hayamos incurrido en esa falta de verter ante la opinión pública, el concepto de investigado como sinónimo de culpable. Quizá habría que hacer una mayor pedagogía para diferenciar ambos y evitar así el sufrimiento del inocente, culpable durante el proceso judicial.
A esto también han contribuido los políticos, que en su afán de embarrar todo, generar el conflicto para hacerlo estilo de vida, han jugado por interés particular con el concepto de imputado. Como una especie de arma arrojadiza con la que destruir al adversario. Ya decimos, que con la complicidad de los medios de comunicación y también, directa o indirectamente, de unos jueces que se toman con “paciencia” su trabajo de instrucción.
Vayamos a esa fase, la de la instrucción. En teoría, según el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses, desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas”. Ya añade que: “si la instrucción es declarada compleja, el plazo de duración de la instrucción será de dieciocho meses”.
Ahí está la trampa, pues declarada compleja la causa, por el motivo que sea “razonado”, entran en juego las interrumpiciones de los plazos y otra serie de atajos “legales”, que eternizan en las salas los casos. Y mientras tanto, el acusado-imputado-investigado, que en origen siempre fue inocente, pena durante ese tiempo infinito.
41 personas en Getafe han tenido que aguantar las “injurias” del tiempo y las “injusticias” de los hombres por una instrucción eterna
Lo hemos visto recientemente con el llamado ‘caso Teatro’ en Getafe. 41 personas, hoy liberadas del peso de una infamia, que se veía desde el principio (hasta el Fiscal, en sus informes, lo avalaba), han estado seis años en vilo por una instrucción que habrá sido escrupulosamente respetuosa con la ley y sus plazos, pero que ha sido injusta con quienes soportaron la carga de una venganza política.
En seis años, estas personas han tenido que aguantar las “injurias del tiempo”, de las que hablaba Chamfort. Y ahora no puede quedar todo en nada. ¿Quién repara ese tiempo lesivo?. La Justicia española tiene que revisarse de la A a la Z. Y no para que el Gobierno de turno la controle a su antojo y la arroje a su opositor, con tal de perpetuarse en el poder. Ni para abrir portadas.
Tampoco para que siniestros personajes de la política local, la usen en su beneficio particular, con el objetivo de escalar en la esfera pública, aquellas cimas que en la vida privada son totalmente inútiles de trepar.
Por cierto, que otro día continuaremos con esos “trepas” disfrazados de ‘superhéroes….
