El Comité de Empresa y la Dirección de Aserpinto han decidido mantener en suspenso el conocido ‘acuerdo del chivatazo’, toda vez que este 31 de mayo acababa el plazo consensuado en el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid para renegociar las condiciones del mismo.
El ‘acuerdo del chivatazo’ es el pacto entre el Gobierno de Rafael Sánchez y los sindicatos de Aserpinto por el cual los trabajadores que denuncien formalmente ante el juzgado, con nombres y apellidos, presuntas irregularidades en el servicio de limpieza que presta la UTE Valoriza-Gestyona y sean despedidos por ésta podrían trabajar para Aserpinto. Eso sí, siempre que hubieran defendido los intereses del Ayuntamiento de Pinto. Un acuerdo duramente criticado por la oposición y la propia empresa, que lo había paralizado en el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid.
Tras las dos primeras reuniones entre los comités de empresa de la UTE y Aserpinto, y sus respectivas direcciones, los representantes de la UTE se levantaron de la mesa al observar mala voluntad del Gobierno de Pinto por dos nuevas sanciones económicas de carácter muy grave que se van a imponer a Valoriza-Gestyona. Con lo que las negociaciones de un nuevo acuerdo fracasaron.
Ahora, y un vez que se acabó el plazo del 31 de mayo, Aserpinto y los sindicatos de la empresa municipal han acordado volver a dejar el en suspenso el ‘acuerdo del chivatazo «como gesto de buena voluntad’, según fuentes municipales, y hasta que pueda firmarse un nuevo documento con el que estén de acuerdo las tres partes que actualmente siguen negociando (Comité de Empresa de la UTE). Lo que en Aserpinto esperan que ocurra a lo largo del próximo mes.
