El Ayuntamiento de Arroyomolinos ha informado este miércoles de que procederá a suspender su actual Bolsa de Empleo, que será sustituida por la Agencia de Empleo dependiente del SEPE y que próximamente tendrá espacio físico.

Desde el Consistorio señalan que la Bolsa de Empleo ha cumplido tres años desde su puesta en marcha y “a partir de este momento los currículum de la base de datos quedan desactualizados, lo que provoca problemas evidentes de vigencia y dificultades a la hora de lograr la inserción laboral de los vecinos inscritos”.

La nueva Agencia de Empleo actuará como oficina de intermediación laboral y estará conectada de forma directa con los Servicios Públicos de Empleo. Esto “permitirá mejorar la empleabilidad de los demandantes de trabajo, proporcionarles orientación e información profesional y facilitar el contacto entre desempleados y empresas”, exponen desde el Ayuntamiento de Arroyomolinos.

De esta manera, el propio Consistorio se dirigirá mediante petición expresa a los demandantes de trabajo inscritos en la anterior Bolsa de Empleo para solicitarles la migración de sus datos personales a la nueva Agencia de Empleo. Así, todos los vecinos interesados “tendrán garantizado el acceso a los servicios y ofertas del organismo”.

UN AÑO DE ESCÁNDALOS

La decisión se toma después del revuelo generado por varias contrataciones de personal que el PP de Arroyomolinos ha llevado a la Fiscalía y que podrían incurrir en ilícitos penales. Todo ello tras los audios hechos públicos por la Cadena SER.

Pero lo cierto es que el departamento de Empleo de Arroyomolinos se ha visto envuelto en la polémica desde hace un año. En diciembre de 2017, Al Cabo de la Calle destapó que una socia de la ahora exconcejal de Empleo, Pilar Sánchez Torres (secretaria general del PSOE de Arroyomolinos), había entrado a trabajar en el Ayuntamiento tras la RPT aprobada por la concejalía de Personal.

Entre sus funciones se encontraba la baremación de la hoy suspendida Bolsa de Empleo. Igual que Marta Ferrero Bachiller, hija de Francisco Ferrero, actual concejal de Cultura y líder del Partido Independiente de Arroyomolinos (PiArr). Hechos que aparecían en un informe de Secretaría.

La cosa no quedó ahí, pues el entonces alcalde en funciones de Arroyomolinos, Juan José González Arroyo, presentó una denuncia en el Juzgado de Navalcarnero para que se investigara si la edil socialista habría incurrido en un delito relativo a la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos recogido en el artículo 415 del Código Penal. Todo ello después de que miembros de la Ejecutiva del PSOE de Arroyomolinos se encontrarán en el despacho de la entonces concejal de Empleo.