EDITORIAL| ¿Qué supone el fin de Muface para la Seguridad Social?

La situación de MUFACE, el sistema que desde 1975 permite a los funcionarios públicos elegir entre la sanidad pública y la privada, ha alcanzado un punto crítico. El reciente anuncio de que la licitación para los conciertos sanitarios de 2025 y 2026 ha quedado desierta ha encendido las alarmas y ha generado preocupación entre los más de 1,5 millones de beneficiarios del sistema mutualista.

Ante esta situación, la respuesta del ministerio dirigido por Mónica García es la de apostar por ingresar a todos los mutualistas en las filas de la sanidad pública, sin tener en cuenta las consecuencias.

Este problema puede convertirse en una grave crisis para la infraestructura sanitaria de nuestro país. Por ello, es necesario analizar seriamente las consecuencias que tendrá, tanto para los funcionarios como para el conjunto de la sanidad española. Y es que no debemos olvidar que el modelo MUFACE ha sido durante décadas una herramienta clave para asegurar que la carga sobre el sistema público de salud no sea excesiva.

Al permitir a los funcionarios la opción de recibir atención privada, MUFACE ha contribuido a descongestionar hospitales y centros de salud públicos. Digamos que ha servido un equilibrio, ofreciendo a miles de personas una atención sanitaria adecuada y oportuna.

La idea de que los funcionarios puedan escoger entre sanidad pública y privada no es un lujo, como algunos sectores quieren hacer creer, sino un modelo racional que distribuye de forma más eficiente los recursos sanitarios del país. De hecho, este enfoque mixto ha sido reconocido incluso a nivel internacional como un ejemplo de colaboración eficaz entre lo público y lo privado.

Consecuencias de poner fin a Muface

Pero ¿por qué, entonces, el gobierno parece estar tan desinteresado en defender y fortalecer este modelo? La falta de incentivos suficientes para que las aseguradoras privadas participen en la licitación es un signo claro de una política que no valora esta colaboración.

En lugar de garantizar un sistema más competitivo y atractivo, las condiciones presentadas han alejado a los posibles operadores. Y detrás de esta situación se vislumbra una motivación que parece más ideológica que práctica: la obsesión de ciertos sectores políticos con desmantelar todo lo que huela a gestión privada.

Si MUFACE termina desapareciendo o viéndose gravemente reducido, las consecuencias serán inmediatas para el sistema público. Estamos hablando de la migración masiva de 1,5 millones de beneficiarios a la sanidad pública, un fenómeno que podría llevar a una situación de colapso.

Los funcionarios que hasta ahora disfrutaban de una atención sanitaria personalizada y buena se encontrarán, de un día para otro, en listas de espera interminables, y esto afectará a todos los usuarios del sistema público.

Hay que recordar que la sanidad española ya enfrenta serios desafíos. Las listas de espera son un problema real y persistente, y las urgencias hospitalarias no dan abasto en muchas comunidades. Añadir un millón y medio de personas más a este sistema sin haber planificado una solución efectiva es simplemente una receta para el desastre.

La libertad de elección es un pilar de nuestra sociedad. Debe existir el derecho de cada ciudadano a decidir cómo y dónde desea recibir su atención médica, y esta libertad debe ser protegida frente a los ataques de quienes quieren imponer un único modelo centralizado.

La sanidad privada no es el enemigo de la pública; ambas pueden y deben coexistir de manera complementaria.

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