Por mucho que quiera el Gobierno de Sánchez e Iglesias, de ésta no salimos más fuertes. Todo lo contrario. Y además, salimos más desunidos y, como guinda, con unas instituciones degradadas y con una falta de credibilidad pasmosa.

Siendo uno de los países más afectados por el coronavirus, a nivel de muertos y contagios, la primera premisa de la vendida fortaleza cae por su propio peso. Si hasta el Ministerio de Sanidad es incapaz de contabilizar las personas fallecidas. Ha cambiado sus criterios y los datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística (cerca de 43.000 muertes más que en un año normal por estas fechas) dejan patente que la crisis humana y sanitaria está siendo más devastadora.

Por no mencionar el drama de las residencias de mayores de España, que han destapado las vergüenzas (si es que alguien no se dio cuenta) de toda la clase política. Desde el mando único, retransmitido en ‘prime time’, a las comunidades autónomas.

Esto primero ya haría sonrojar a cualquier Gobierno con un mínimo de dignidad. Pero si atendemos a la unión, ésta brilla por su ausencia. Y eso a pesar de que el primer Estado de Alarma contó con una aprobación casi unánime. Sin embargo, el autoritarismo del presidente, sus ministros y un vicepresidente, Iglesias, queriendo revivir revoluciones de otro siglo y apolilladas, pronto provocó la gresca. Con una oposición deseosa de saltar a la yugular al mínimo pretexto.

Ahí están las chapuzas del BOE, con contratos de justificación dudosa; test sin homologación; falta de protección a quienes se han batido de verdad el cobre contra el virus. O debates, sobre la reforma laboral, que nada tienen que ver con la emergencia sanitaria. Y que han llevado al PSOE a plasmar su firma, nada más y nada menos, que con Bildu.

Y mientras las empresas se hunden y el paro crece como la espuma, todavía hay partidos como ULEG, que buscan proteger a los suyos frente al vecino

Más débiles y enfrentados como hacía mucho tiempo, hace que las instituciones queden absolutamente degradadas. Y si encima se hace de ellas un uso torticero, la cosa empeora. Ahí está la crisis institucional en la Guardia Civil, por las purgas del ministro, Fernando Grande-Marlaska. Sin obviar la vergüenza de monitorizar y minimizar el impacto de las críticas al Gobierno, como reconoció públicamente un alto mando del Ejército.

Se suma el ‘papelon’ de una Fiscalía, dirigida por la exministra del PSOE hace menos de un año, Dolores Delgado, que, junto a la Abogacía del Estado representa los intereses del Ejecutivo y no del común de los españoles.

Esa humillación institucional se traslada a la economía nacional, hundida. La OCDE ya vaticina que seremos el país más castigado de Europa, económicamente hablando, por la Covid-19.

Y mientras las empresas se hunden, la pobreza galopa y el paro crece como la espuma, todavía hay partidos políticos que, aunque ya a nivel local, tratan de proteger a los suyos frente al vecino. Ahí está el caso de una formación que nació para vivir de lo público: ULEG.

Por si el ‘caso Almagro’ se hizo poco, ya retirado este edil de la política municipal, su compañera de partido y número 4, Mercedes Neria, quería cobrar un sueldo del Ayuntamiento creyendo tener derecho a ello. Porque sí. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha parado los pies. No ha lugar a su reclamación. Menuda catadura moral, con la que está cayendo, tratar de exprimir aún más al contribuyente. En este caso, de Leganés.

Así que no. No salimos más fuertes. Salimos más débiles. Muchísimo más. Y conviene reconocerlo cuanto antes, para que el remedio no sea peor que la enfermedad.