El 23 de julio, domingo, hay que ir a votar. España se juega su futuro en las urnas, tras cinco años de Gobierno del PSOE bajo el ordeno y mando de Pedro Sánchez, con la colaboración de comunistas (ayer Podemos, hoy Sumar), independentistas, secesionistas y herederos de ETA (Bildu). Y son, precisamente, esas urnas donde cobrar el peaje a estos años de gestión.
Y es que tras el cara a cara entre Sánchez y Feijóo se coló en la campaña la cuestión de la imposición de peajes por el uso de las carreteras españolas. Algo que alimentó el propio director de la DGT, Pere Navarro, que se desdijo posteriormente tras una llamada del Gobierno, que desmentía que esto fuera a hacerse en 2024. Pero la mecha ya había sido encendida mucho antes.
Concretamente, en el año 2021. Tras la pandemia, España se jugaba gran parte de los fondos europeos ‘Next Generation’ y presentó el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), donde se comprometía a una serie de medidas a cambio del dinero europeo.
Así en la página 127 se podía leer: “Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras”. El Gobierno barajaba empezar a hacerlo en 2024, si bien quería buscar un acuerdo social y político para implementar esta medida, consultando con los transportistas profesionales, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones.
La Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid estimaba que la Administración Nacional podría recaudar 100 millones de euros “de más a los madrileños”, por el uso de los 483,8 kilómetros de autovías que existen en la región. Alcaldes socialistas como el de Fuenlabrada o Alcorcón rechazaban esta propuesta de sus mayores, que ahora Bruselas ha reconocido que, si España quiere acceder al quinto paquete de ayudas, tendrá que empezar a imponerlo el año que viene, si bien no estipula cómo ni dónde.
El caso es que el PSOE de Pedro Sánchez ha vuelto a mentir y quiere que seamos los contribuyentes quienes paguemos la fiesta del despilfarro en 22 ministerios y miles de asesores de estos cinco años, en forma de peajes, como si no se pagaran suficientes impuestos de circulación, gasolina y un largo etcétera de presión fiscal, siempre en las espalda de los mismos.
Ya basta de mentiras. Bruselas no ha impuesto nada. Todo nace del PSOE de Sánchez. Una medida injusta, que grava aún más las maltrechas economías de las familias españolas. Esas que este 23 de julio tienen la oportunidad de quitarse de encima el pesado yugo de un Gobierno al que le ha estallado el embuste en la cara. El domingo se presenta como un día pintiparado para empezar a cobrar el peaje definitivo al sanchismo.
