Estamos manejando el dinero público, y el dinero público no es de nadie. Tal vez esta sea la frase con la que la posteridad recuerde a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y que se han tomado al pie de la letra en la empresa municipal de limpieza de Alcorcón, ESMASA.
Dirigida por el segundo teniente alcalde de la ciudad, mano izquierda de la alcaldesa Natalia de Andrés, y líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, Jesús Santos -ni el César en la Antigua Roma acumulaba tantos títulos-, la compañía pública ha sido noticia estos días por el despido improcedente de dos trabajadores discapacitados, a los que se debe indemnizar con 50.000 euros, en el primer caso, y 60.000 euros, en el segundo.
Para el primero de ellos, la compañía municipal salió corriendo a decir que se trataba de un problema heredado del anterior Ejecutivo, el del siempre malvado David Pérez. Pero en el segundo, el que afectaba a una mujer trabajadora y con un 33% de discapacidad, ESMASA solo reaccionó cuando en Al Cabo de la Calle publicábamos en exclusiva, que a esta empleada, de origen latinoamericano, se le había vigilado por un detective privado, al que ESMASA contrató por aproximadamente 10.000 euros a finales del año 2019, ya con Jesús Santos -esto es, Podemos- al frente de la empresa de limpieza pagada por todos los vecinos de Alcorcón.
En ese momento, la empresa pública salió a mezclar churras con merinas y decir que habían reducido el absentismo laboral y que el redactor de la noticia, nuestro director, se había permitido licencias que no tenían que ver con el caso, como que la trabajadora fue despedida un 13 de marzo de 2020, justo al inicio del confinamiento y mientras su marido padecía -y padece- cáncer. Los hechos, hechos son. Imaginen el drama que eso significa.
10.000 euros de los vecinos de Alcorcón se han ido por el sumidero y hay otros 110.000 euros pendientes de pago, que merecen una respuesta pública
Qué fácil es atacar siempre al mensajero. Es igual de sencillo que utilizar el dinero público y no asumir responsabilidades por dilapidarlo en decisiones que te tumba la Justicia. ESMASA ha anunciado que recurrirá ambos fallos. Faltaría más, estando en un Estado de Derecho como España. Pero lo cierto es que de momento 10.000 euros de los vecinos de Alcorcón se han ido por el sumidero y hay otros 110.000 euros pendientes de pago, que merecen más respuesta que dos escuetas notas de prensa. Una para escurrir el bulto y echar el muerto a los anteriores gestores, y la otra para hablar de absentismo laboral y achacar a la literatura periodística el sentido del fallo. Y no, señores nuestros, aquí hay dos sentencias que condenan dos decisiones políticas que afectan a dos personas con discapacidad.
Señor Santos o quien le puso ahí, la alcaldesa Natalia de Andrés, respondan públicamente y ante los vecinos, al cuándo, cómo y por qué se decidió seguir este camino, que perjudica al bolsillo del contribuyente y a dos personas con discapacidad, concretamente. ¿Sabía la alcaldesa que se había contratado a un detective privado cuyo trabajo ha sido en balde para la ciudad? Esa es una buena pregunta también a la que responder.
A un gobernante hay que exigirle más allá de dos notas de prensa y otros comunicados como cortina de humo, que venden las bondades de la empresa pública a la que cada año se destina más y más presupuesto para que luego lo reconviertan en “beneficios”. Con pólvora ajena, como el dinero público, siempre es más sencillo ‘disparar’. Pero a la hora de asumir responsabilidades, entonces nadie da la cara. Y se supone que Podemos vino a esto para otra cosa y no ser más de lo mismo.
